El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una ley que a pesar de tener muchos años desde su original planteamiento, recién ha sido totalmente aprobada en la Cámara del Senado el pasado 12 de abril de 2023 y en Cámara de Diputados el 24 de abril de este mismo año, esta nueva ley busca unificar las normas, reglas, plazos, términos y criterios para resolver conflictos cotidianos en materia civil y familiar en todo el país. Actualmente, en cada entidad federal existen diferentes códigos de procedimientos civiles, que en ocasiones resultan contradictorios entre sí en relación a un mismo procedimiento.
La implementación de este nuevo Código tiene como objetivo establecer procedimientos homologados en todo el país para solucionar las controversias entre particulares, controversias en materia de divorcios, herencias, adopciones, arrendamientos y conflictos vecinales, entre otras, que actualmente se rigen por códigos de carácter federal y local.
El nuevo Código Nacional también busca enfocarse más hacia la oralidad de los procesos y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución. Además, integra un modelo en el que se impulsa el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, a fin de unificar los criterios y bases normativas de justicia y equidad en la solución de conflictos.
El nuevo Código entrará en vigor de manera gradual tanto en el ámbito federal como en las 32 entidades federativas, ya desde su aprobación definitiva en las Cámaras del Senado y de Diputados el pasado mes de abril, los organismos involucrados han comenzado a prepararse para este largo proceso de lo que podríamos llamar unificación, teniendo como fecha límite para su activación total el 1 de abril de 2027.
El nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares trae consigo algunos desafíos, que se deberán solventar en estos años de preparación y adecuación, podemos mencionar entre ellos:
- Capacitar a los operadores jurídicos y a la ciudadanía en general sobre el nuevo sistema de justicia civil y familiar.
- Armonizar las legislaciones locales con el nuevo código nacional y evitar contradicciones o vacíos legales.
- Dotar de infraestructura y recursos humanos suficientes a los poderes judiciales estatales para implementar la oralidad y la justicia digital.
- Promover una cultura de paz y diálogo que favorezca los mecanismos alternativos de solución de controversias.
- Garantizar la seguridad jurídica y la protección de datos personales en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Como podemos apreciar, aunque la entrada en vigor del nuevo código está pautada para el 2027, desde ya comienza el trabajo de todos los entes involucrados a nivel nacional para que llegado el momento de la integración de todos los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas (hoy vigentes) estén debidamente preparados para fusionarse y lograr así el propósito final de este nuevo instrumento legal nacional, que por supuesto es unificar y estandarizar la aplicación de justicia basados en los preceptos constitucionales. Por su puesto el equipo de Anaya Legal Playa también se prepara desde ahora para estar presto a atender correcta y eficientemente a nuestros clientes.